Obsolescencia programada

Fernando Nieto
Obsolescencia programada

Cuántas veces hemos oído que ya no se hacen las cosas como antes. Que antes las cosas se hacían para durar. ¿Son estas afirmaciones objetivas? Muchas organizaciones de consumidores coinciden en que en líneas generales los estándares de calidad de los bienes que consumimos han disminuido. Se debate si en este tema hemos ido a peor, si se ha retrocedido.

¿Por qué ahora que disponemos de más tecnología las cosas duran menos? ¿No deberían durar más? ¿Por qué el motor de un camión hace más de dos millones de km y el de un turismo poco más de 200.000? La respuesta puede que se englobe dentro de un concepto empresarial conocido como “obsolescencia programada”.

Consiste en fabricar un producto pensando no en su máxima durabilidad, sino en limitar a propósito el tiempo de su vida útil para que el consumidor lo sustituya transcurrido ese periodo por uno nuevo. Existe constancia de que el primer producto que se sometió a las prácticas de la obsolescencia programada fue la bombilla de incandescencia.

En 1924 se creó en Suiza una empresa llamada Phoebus. La formaban Osram, Philips, Tungsram, Associated Electrical Industries, Compagnie des Lampes, International General Electric y Lámparas “Z”, española. Cada una de ellas poseía un paquete de acciones proporcional a su nivel de ventas y presencia en el mercado. Este cartel se organizó para estandarizar la calidad de las bombillas y estableció para ellas una duración media de 1000 horas. En los años 40 y a pesar de existir patentes de bombillas mucho más longevas se logró este objetivo. Teóricamente Phoebus desapareció en 1955, pero sus prácticas de obsolescencia programada dejaron su huella en las estrategias de venta del mundo empresarial y a día de hoy se afirma que están generalizadas a todos los niveles y en todo tipo de industrias.

Otro ejemplo recurrente de obsolescencia programada lo protagonizó en 1940 la empresa Dupont, que disminuyó la calidad de las medias de mujer que ya fabricaba para que duraran menos y así aumentaran las ventas.

En la actualidad la obsolescencia programada se aplica en todo tipo de industrias, pero se hace más evidente en la de los electrodomésticos y productos electrónicos: lavadoras, frigoríficos, ordenadores, teléfonos móviles etc. Se emplean tornillos de seguridad que solo giran para apretar. Conductos y cableado incrustados en los armazones que imposibilitan el desmontaje de piezas o su examen para establecer el diagnóstico de la avería. O en el caso de las lavadoras, cubetas de plástico en lugar de acero inoxidable.

Otro ejemplo flagrante es el de una conocida marca de impresoras de consumo. Según se ha denunciado en Internet está demostrada en algunos de sus modelos la presencia de un contador que hace que al llegar a un cierto número de impresiones, la máquina se detenga, muestre un mensaje de error y deje de funcionar. La solución pasa por recurrir al servicio técnico – opción que no suele interesar – o por el cambio de impresora. Según la marca el mensaje aparece cuando se avería algún componente irremplazable o es detectado un fallo grave de funcionamiento. La realidad es que existen en Internet multitud de tutoriales sobre como resetear el contador eliminando entonces el mensaje de error y devolviendo la máquina a la vida. Incluso existe un programa llamado “SSC Service Utility” para solucionar el problema. Fue creado por Vitaly Kiselev, programador ruso y gran activista de la lucha contra la obsolescencia programada.

A pesar de que la industria ha negado hasta la saciedad que exista, explicando que el problema se debe a que la feroz competencia exige productos de menor coste,  en el año 2013 el Centro Europeo del Consumidor (CEC) presentó un informe denunciando las prácticas de obsolescencia programada. En Francia el grupo ecologista elevó al Senado una propuesta de ley para ponerle freno. Su propuesta se basaba en las recomendaciones hechas por el CEC a la UE: etiquetar los productos con la vida útil estimada por el fabricante, obligar por ley a incrementar la duración media de una lista de productos considerados básicos y hacer que la garantía cubriera los costes en caso de avería cuando ésta se produjera antes de tiempo. Finalmente en 2014, dentro de la Ley de Transición Energética, la Asamblea Francesa aprobó un paquete de medidas contra la obsolescencia programada, incluyendo multas de hasta 300.000 euros y penas de cárcel para las empresas que programen la vida útil de sus productos.

Por otra parte podemos pensar que es lícito que una empresa vele por su viabilidad y para obtener beneficios empleé esta estrategia. Y es que también tiene sus defensores. Argumentan que facilita la viabilidad de las empresas a largo plazo, con lo que esto supone en cuanto a su impacto económico y laboral. Además hace que aumente la competencia incentivando la investigación y el desarrollo. Los detractores responden a estos argumentos haciendo hincapié en los puestos de trabajo que se crearían si se incrementara el número de talleres de reparación y la implantación de un mercado de piezas de recambio que ahora apenas existe.

Dejando al margen el impacto directo en los bolsillos del consumidor, el aspecto más negativo se centra en los residuos que se generan con estas pautas de consumo. Millones de toneladas de desechos no se reciclan convenientemente. Los países en vías de desarrollo son sus principales importadores. Ghana o Nigeria en África o China e India en Asia – entre otros países – se están convirtiendo en los vertederos de occidente. Y esto a pesar de que en el año 1989 más de 170 países aprobaron en Suiza un acuerdo conocido como Convenio de Basilea, en el que se aprobaron normas destinadas a controlar los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. Se pretendía evitar la utilización de estos países como vertederos, pero los países desarrollados utilizan la excusa del reciclaje, etiquetando estos productos obsoletos como productos reutilizables o de segunda mano para seguir haciéndolo. Hecha la ley hecha la trampa.

¿Por qué no fabricar productos de buena calidad? ¿Por qué no anteponer al beneficio empresarial los medioambientales, protegiendo de paso los derechos del consumidor con una legislación apropiada? Se pueden compatibilizar los intereses, solo hace falta voluntad de negociación y un primer paso que inicie ese camino.

Fernando Nieto

 

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s