La noche de las bombillas rotas

Virginia García Franco

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Salgan a la calle. Mejor si es de noche. Miren hacia arriba. Cientos de bombillas de colores cuelgan de un extremo a otro de las fachadas de los edificios de nuestra ciudad. No indican otra cosa que la llegada de la Navidad y los días de fiestas que nos esperan, a quien más y a quien menos, durante los próximos treinta días.

Salgan a la calle, mejor si es de noche, y miren hacia arriba. Cientos de bombillas de colores a las que alimenta la electricidad que paga, suponemos, el ayuntamiento correspondiente y que iluminan las plazas y avenidas de muchos de nuestros pueblos y ciudades mientras vecinos que no pueden pagar su factura de la luz se pasan las noches en vela viendo sus caras reflejadas en los cristales de sus ventanas iluminadas por las luces de la Navidad, además de por los faros habituales de los coches que transitan durante la madrugada. ¿Y si, como proponía hace unos días la periodista Lola Hierro en su cuenta de Twitter, se usara el dinero de las luces navideñas para pagar recibos de luz de los vecinos más pobres?

En mi ciudad, el pasado 21 de diciembre, ya se manifestaban algunos de estos vecinos y algunos más que sí pueden pagar su factura de la luz, para exigir el fin de las tarifas abusivas de las compañías eléctricas, la prohibición de los cortes de luz a las familias sin recursos y pedir la creación de una tarifa social destinada a los más desfavorecidos. Fue una de las más de sesenta movilizaciones que tuvieron lugar ese día en todo el país, y en Jaén estuvo convocada por Facua y la plataforma #NoMásCortesDeLuz.

Todo ello el mismo día en que el Gobierno y el PSOE firmaron un acuerdo para reformar de forma urgente la ley del sector y prohibir que se pueda cortar la luz a los hogares extremadamente vulnerables, a la vez que han cerrado un nuevo modelo de financiación para el bono social. La iniciativa se definirá en los próximos tres meses y se aplicaría todo el año, no solo en invierno.

Seis son en total las reivindicaciones de la plataforma que expusieron mediante la lectura de un manifiesto. En primer lugar, prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos, para lo cual las eléctricas deberán dirigirse a la Administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. En segundo, fin a los abusos tarifarios y aprobación de una tarifa asequible. En tercero, creación de una auténtica tarifa social, que sustituya al actual bono social. En cuarto lugar, devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente por los Costes de Transición a la Competencia (CTC), una ayuda de Estado que la plataforma considera ilegal en la medida en que las ayudas concedidas por CTC han sido muy superiores al importe autorizado por la Comisión Europea en 2001. En quinto lugar, auditoría al sistema eléctrico. Y en sexto y último lugar, aplicar el tipo de IVA superreducido.

El drama de la pobreza energética se ha puesto en estos años de manifiesto desde que en 2014 el segundo informe “Pobreza energética en España. Análisis de tendencias, de la Asociación de Ciencias Ambientales” (ACA) pusiera de manifiesto que hasta siete millones de españoles, el 17% de los hogares, tienen dificultades para pagar las facturas energéticas al tener que destinar más del 10% de sus ingresos para cubrir estos pagos, y cuatro millones, hasta un 9% de las familias, son incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de frío.

Este año, la misma asociación ha puesto de manifiesto que el 11% de los hogares de España, es decir, 5,1 millones de personas, no pueden calentar su vivienda en esta época del año. Una situación que ha crecido un 22% en los dos últimos años. Las comunidades autónomas más castigadas son Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura y Murcia.

Un factor que ha acelerado este proceso ha sido la subida de la factura de la luz, que, entre 2009 y 2015, se ha encarecido en España un 73% de media, frente al 33% de la zona euro. En el caso de la provincia de Jaén la pobreza energética afectaría, al menos, a unos 24.500 hogares (en la capital, Jaén en Común solicitó en el último pleno que Asuntos Sociales hiciera un recuento de cuántas familias están afectadas, pero la solicitud fue denegada por falta de fondos).

Estamos ante una nueva forma de exclusión social que se suma a otras formas más clásicas de pobreza, como la de las personas sin techo y las que pasan hambre. Diversos colectivos sociales están reclamando ya al Gobierno nuevas formas de evitar este tipo de dramáticas situaciones.

Virginia García Franco

 

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